A 150 años de las leyes Jim Crow

“¡Sí, vivo en un castillo, Tony! ¡Solo! Y los blancos ricos me pagan por tocar el piano... para ellos, porque los hace sentir cultos. Pero tan pronto como me bajo del escenario... vuelvo a ser sólo otro negro para ellos (…) Así que si no soy lo suficientemente negro, y si no soy lo suficientemente blanco, y si no soy lo suficientemente hombre, entonces dime Tony, ¡¿qué soy?!”[Extracto de la película Green Book. 2018]. Esta fue la expresión usada por el doctor Donald Walbridge Shirley -reconocido pianista norteamericano que en los años sesenta emprendió una gira por el sur de Estados Unidos-, que resume la frustración por no encajar en ninguna conglomeración social. Sumado a lo anterior, el contexto normativo de época consistía en que la discriminación tenía fundamento en la ley, ello a razón de las medidas de segregación que tomaron diversos Estados del norte del continente americano.

Estas circunstancias de hecho y de derecho sirvieron de inspiración para que en el año 2018 se produjera la película Green Book, que ilustra la situación de la población negra en el contexto que en ese entonces se vivía en Estados Unidos. Pese a que la esclavitud había sido abolida desde hacía un siglo atrás mediante la Proclamación de la Emancipación (1863) a cargo del presidente Abraham Lincoln, lo cierto es que los Estados del sur no fueron citados en el referido decreto presidencial. Esto conllevó a que la abolición de la esclavitud se efectuara de manera fraccionada, reconociendo derechos distintos para las personas afrodescendientes en función del lugar del país en el que se encontraran.

Dicha distinción de derechos obedeció a la propuesta del presidente Rutherford B. Hayes en el año 1877, con la que se firmó un compromiso que permitía a los estados del sur adoptar las medidas que consideraran oportunas respecto a la población negra. Con ello surge un sistema de segregación racial conocido como las leyes de “Jim Crow” que mencionaban regirse bajo el principio “separados pero iguales”, lo que permitía tratos segregacionistas en escuelas, transporte, lugares públicos y negocios privados.

Con el fin de ahondar en el contexto de segregación desde un punto de vista jurídico, es necesario referirse a la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos para precisar las diferentes etapas de aplicación de estas leyes y la evolución del concepto del derecho a la igualdad para las personas afrodescendientes.

El pundo de partida lo marca la sentencia Dred Scott vs. Sandford (1856), en la cual se estudió el caso del esclavo Dred Scott, cuyo dueño era el doctor John Emerson, médico cirujano que debido a su ocupación de militar debía viajar constantemente por el país. En uno de sus múltiples viajes, el doctor Emerson en compañía de Dred Scott, visitaron el territorio de Illinois, que por ser un Estado que recientemente se había conformado, tenía una política de libertad para todos sus ciudadanos. Como elemento importante para el desarrollo del caso, el precedente de las cortes federales, establecía el principio de que si un esclavo permanecía en un territorio libre, podía continuar libre aunque saliera de él -once free, always free-[1].

A la muerte del doctor Emerson su cónyuge Eliza Irene Sandford, se convirtió en la dueña del esclavo y de la esposa de éste, Harriet Robinson, quienes la demandaron para obtener su libertad con fundamento en el citado principio. Una vez que el caso llegó a la Corte Suprema, el problema jurídico consistió en esclarecer si las personas negras eran ciudadanos de los Estados Unidos con pleno ejercicio de sus derechos, situación frente a la cual se decidió que Dred Scott no podía gozar de la libertad invocada.

La regla jurídica que aplicó la Corte Suprema para este caso fue considerar que la ciudadanía estadounidense de la que habla la Constitución, no estaba contemplada para personas afrodescendientes y por tanto, Dred Scott no podía gozar plenamente de los derechos y garantías que consagra la norma superior. Además, se concluyó que por haber vuelto a Missouri, este principio ya no era aplicable debido a que prevalecía la ley del Estado, lo que trajo como consecuencia que en adelante los dueños de los esclavos pudieran transportar con ellos por todo el país, sin que se aplicara el principio de libertad.

En segundo lugar se encuentra la sentencia Plessy vs. Ferguson (1896). Los hechos del caso son los siguientes: Homer Plessy - persona de siete octavos de ascendencia blanca y un octavo de ascendencia negra- quiso viajar en el vagón de primera clase del ferrocarril de Nueva Orleans a Covington en Luisiana destinado únicamente para personas blancas. El conductor se vio obligado por ley a ordenarle que abandonara su lugar, pero debido a sus actitudes de resistencia fue arrestado y encarcelado de confomridad con la ley Automóviles Separados de Luisiana de 1890, que requería alojamientos separados para negros y blancos en los ferrocarriles [2].

Plessy alegó que la ley estatal de segregación denegó sus derechos contemplados en la Constitución de los Estados Unidos en la Decimotercera Enmienda que prohíbe la esclavitud y la Decimocuarta Enmienda que impide a los Estados adoptar medidas restrictivas de derechos; sin embargo el juez del caso, John Howard Ferguson, resolvió que el Estado de Luisiana tenía derecho a regular las compañías ferroviarias, siempre que operaran dentro de los límites estatales.

El Comité des Citoyens, llevó la apelación ante la Corte Suprema de Luisiana, que confirmó la decisión, por estimar que la actuación del estado no era ilegal y decidió mantener la ley que separaba ambas razas como política pública[3].

La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó las providencias pues consideró que “aunque la Decimocuarta Enmienda estaba destinada a garantizar la igualdad jurídica de todas las razas en Estados Unidos, no pretendía prevenir la discriminación social o de otro tipo. El objeto de la [Decimocuarta] Enmienda era, sin duda, hacer cumplir la igualdad absoluta de las dos razas ante la ley, pero en la naturaleza de las cosas, no podría haber tenido la intención de abolir las distinciones basadas en el color, o hacer cumplir las diferencias sociales, como se distingue de la igualdad política, o una mezcla de las dos razas en términos insatisfactorios para cualquiera”[4].

El Tribunal Supremo concluyó que estaba dentro de las atribuciones del estado de Luisiana emitir leyes que exigían la separación racial, razón por la cual confirmó la constitucionalidad de la disposición de segregación para instalaciones públicas siempre que las mismas fueran iguales en calidad; esta doctrina llegó a conocerse como " separados pero iguales”.

Finalmente, se encuentra la sentencia Brown vs. Board of Education (1954). Linda Brown fue una estudiante afroamericana que a sus siete años se le negó el acceso a un centro educativo reservado para blancos. En razón a lo anterior, en 1951, el abogado McKinley Burnett y la NAACP (National Association for the Advanced of Colored People), motivaron al señor Oliver Brown y a otros doce padres de familia, a demandar el sistema de segregación racial presente en las escuelas norteamericanas. El Tribunal Federal del Distrito de Kansas denegó la demanda conforme al precedente Plessy vs. Ferguson.

En medio de la preparación para comparecer ante el Tribunal Supremo, en virtud de la apelación presentada, al caso Brown se le sumaron otros de similar magnitud provenientes de Carolina del Sur, Virginia, Delaware y de la ciudad de Washington. En esta ocasión, el abogado Thurgood Marshall llevó el caso ante la Corte Suprema, quien mediante decisión unánime se resolvió que la doctrina “separados pero iguales” era inconstitucional.

Los tres casos previamente mencionados, fueron desarrollados y resueltos durante la vigencia de las leyes Jim Crow, que fueron un conjunto de disposiciones que se emitieron principalmente en el sur de los Estados Unidos, que tuvieron como finalidad materializar y al mismo tiempo, ofrecer una protección legal a la segregación racial. El término de Jim Crow, aludía a un espectáculo satírico denominado “JumpJimCrow”, que era interpretado por un actor blanco que pintaba su rostro de negro, y que se dedicaba a criticar la política del presidente Jackson [5].

La aparición de estas leyes no fue un hecho aislado, sino que encuentran su antecedente en los llamados “códigos negros” que comenzaron a promulgarse a partir de 1830 y que tenían como objetivo controlar el trabajo, las actividades, los desplazamientos de los antiguos esclavos y permitían la servidumbre por deudas. Muchos de los códigos le prohibían a los afrodescendientes a dedicarse a labores donde competían con trabajadores blancos, con lo que las oportunidades laborales se limitaban a acceder a funciones serviles.

Los ánimos de mantener la autonomía regional y la supremacía blanca evolucionan a la promulgación de las leyes Jim Crow, las cuales, como se señaló en parráfos precedentes, aludían al principio “separados pero iguales”.

Con su promulgación se concretiza la existencia de una diferencia entre dos grupos de la población, pues si bien lo que se pretendía era reconocer los mismos derechos pero ejercerlos de manera separada, la realidad es que normalmente los servicios, las instalaciones y las oportunidades que recibían y disfrutaban los habitantes blancos, eran visiblemente distintas a las recibidas por la población negra. Este punto resulta esencial para entender la gravedad del contexto social y político de esa época, pues ya había pronunciamientos judiciales que reconocían la legalidad de esas disposiciones, basándose en el argumento de que se trataba de oportunidades iguales pero ofrecidas de forma separada; sin embargo, pareciera que la igualdad únicamente se quedaba en un plano meramente formal.

Las leyes más importantes de Jim Crow requirieron que las escuelas públicas, las instalaciones públicas, fuentes de agua, tocadores y transporte público, como trenes y autobuses, tuvieran instalaciones separadas para los blancos y los negros, lo cual se señalaba expresamente mediante carteles. Otras leyes también contemplaban la utilización de biblias distintas para los testigos que no eran blancos [6].

El análisis y aplicación de estas leyes en la jurisprudencia, fue evolucionando con el paso del tiempo, lo cual influyó en la interpretación de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre su constitucionalidad. Sin embargo, para el momento en el que se desarrolló la película Green Book, la sociedad se adaptó a este contexto de discriminación y por ende se publicó el libro enlistaba aquellos lugares del sur del país a los que los ciudadanos negros podían acudir, de tal manera que ellos debían acomodar sus vidas al arbitrio de disposiciones que eran totalmente contrarias a la dignidad humana a efecto de proteger su integridad.

Análisis de Constitucionalidad de las Leyes Jim Crow

Conforme a lo anteriormente planteado, se considera pertinente realizar un juicio integrado de igualdad [7] de las leyes que conformaron el sistema de Jim Crow. Es importante mencionar que aun cuando estas leyes fueron promulgadas en un contexto político y jurídico diferente al actual, para efectos del análisis, el examen se realizará conforme a los criterios jurisprudenciales vigentes en el sistema normativo colombiano, con el fin de determinar si al día de hoy este tipo de leyes superarían el referido test integrado.

Lo primero que debe establecerse es la identificación de los sujetos o situaciones reguladas por la medida y el parámetro de comparación predicable de los mismos, que para el caso concreto consiste en los derechos de la población afroamericana en comparación con los de las personas de raza blanca.

En segundo lugar, el test contempla la escogencia del nivel de intensidad del juicio de igualdad, de acuerdo con la naturaleza de la medida analizada. Para el asunto corresponde la aplicación de un examen estricto en virtud de que las leyes establecieron un trato diferenciado en razón al color de piel, lo cual es considerado un criterio sospechoso, definido por la Corte Constitucional de la República de Colombia, como categorías que (i) se fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia a riesgo de perder su identidad; (ii) han estado sometidas, históricamente, a patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas; y, (iii) no constituyen, per se, criterios con base en los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racional y equitativo de bienes, derechos o cargas sociales”[8].

Tomando en cuenta la naturaleza de las leyes y los destinatarios de las normas, en este caso se cumplen los criterios establecidos por el Tribunal colombiano y por ende, la distinción se basa en una categoría sospechosa, lo cual prima facie arroja una presunción de inconstitucionalidad de estas leyes.

El tercer paso del test propuesto por la Corte consiste en el escrutinio sobre la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. En cuanto al primer criterio, se puede establecer que la intervención en el derecho a la igualdad no contribuía de ninguna manera a perseguir un fin imperioso. Por el contrario, se establecía un sistema abiertamente inconstitucional. La finalidad de dichas leyes era establecer la separación conforme al color de piel, y de igual forma materializar la supremacía de la raza blanca, lo cual carecía de fundamento al no ser un fin que perseguía la Constitución, sino que obedecía a una interpretación al acomodo de ciertos sectores de la población, basada únicamente en criterios subjetivos.

Ahora bien, la necesidad era otro de los aspectos que carecían las leyes de Jim Crow, pues, una vez establecido que el fin perseguido era evidentemente inconstitucional, las medidas adoptadas adolecen de fundamento y no es posible determinar cuál hubiese sido más adecuada entre todas las opciones posibles.

Finalmente, la proporcionalidad en sentido estricto no tuvo lugar en el sistema segregacionista referido, por cuanto las medidas adoptadas no significaron beneficio alguno ni para los directamente afectados ni para la sociedad en general, originando un completo sacrificio de su derecho a la igualdad frente a un privilegio de carácter formal para las personas de raza blanca.

Con el análisis realizado, se pone de relieve que hoy en día las Leyes Jim Crow no superarían el juicio integrado de igualdad, dado que formalizaron una ideología que no tiene fundamento constitucional alguno; pero más allá de no encontrar sustento en el Derecho, las consecuencias negativas se hacen presentes en el contexto moral por la innegable transgresión a la dignidad humana, basada en rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia a riesgo de perder su identidad.

Con esto quiere decirse que durante mucho tiempo, el Estado fue un cómplice de la evidente disminución del valor personal de los afrodescendientes; complicidad que se reflejó en la sociedad con el nacimiento de un racismo tan arraigado que, hoy por hoy, sigue siendo latente en la sociedad norteamericana.