México y la frontera sur: Una incertidumbre migratoria

Muchos han sido y siguen siendo los casos de migrantes latinoamericanos que, a causa de las dificultades que imperan en sus países, sufren los estragos de la violencia y discriminación al cruzar los puentes de aquellos países en los que, para muchos se sueña en grande. Un caso paradigmático de violación a los derechos humanos de los migrantes es Estados Unidos por vivir el tal afamado “sueño americano”.

Pero qué sucede en la frontera sur de México, ¿acaso nuestro país recibe con alegría a los migrantes centroamericanos? Esta pregunta genera un gran debate. El Derecho Internacional señala que las y los migrantes tienen derecho a pedir asilo, realizar trámites administrativos, recibir atención etc.; sin embargo, México se ve limitado en lograr aplicar las buenas prácticas del Derecho Internacional pues en la frontera sur, los migrantes sufren debido a que la mayoría son detenidos, maltratados por las mismas autoridades mexicanas, lo cual pone en disyuntiva el tránsito correcto por el país. Claro ejemplo de ello es lo referido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el sentido de que México debe poner en marcha el actuar de los derechos de los migrantes en la frontera sur, pues sigue existiendo un gran número de violaciones a su derecho de tránsito. De acuerdo al informe Actualidad y Retos de la Ley de Migración en México de Konrad Adenauer Stiftung (KAS), México tiene nueve instrumentos legales a nivel federal que norman y regulan los movimientos y flujos migratorios. El primero es la Ley General de Población (LGP) de 1974. El segundo data del 2011 y es la Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político (LRPCAP). El tercero se genera con la Reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011: la Ley de Migración que funge como el instrumento jurídico más relevante para atender esta situación. Por último, durante el 2012, se generaron 3 instrumentos legales para impulsar los antes mencionados, estos son, el Reglamento de la LRPCAP, el Reglamento de Ley de Migración y las otras disposiciones administrativas aplicables a la Ley de Migración. Durante el año 2014 y 2015 se crearon el Programa Especial de Migración (PEM), la Ley General de Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y por último el Reglamento de la LGDNNA (Arias, 2017).

A pesar de ello, existen diferentes problemáticas en cuanto a la Ley de Migración. Esto se puede definir en los siguientes puntos: (1) no se encuentran en un equilibrio la Ley de Migración con la legislación local o estatal, esto conlleva a que no se logren los objetivos específicos para la protección de los migrantes en el territorio, asimismo los procesos administrativos por los que deben pasar los migrantes no se desarrollan de la manera correcta. Esto genera vacíos normativos debido a que es imposible que exista una armonización con otras leyes que amparen el derecho a la salud, educación, trabajo, entre otros; (2) la difusión de la Ley y el PEM (Programa Especial de Migración) es ineficiente. Ni los tres órdenes de gobierno, ni la sociedad civil han puesto en práctica dichos lineamientos; el problema ante esta situación es debido a la falta de coordinación en atención al migrante desde los diferentes flujos y problemáticas que ellos viven en su trayecto, aunado a que no existen los recursos económicos suficientes para los programas migratorios; y, (3) no se cuenta con recursos económicos para invertir en programas que resuelvan el tema migratorio. Tanto la política exterior como la política migratoria en México es limitada (Arias, 2017).

De acuerdo con el mismo informe de la KAS México, siguen existiendo obstáculos en temas específicos tales como: (a) el marco normativo no es lo suficientemente amplio y preciso para hacer valer los derechos de las personas migrantes; (b) existe desconfianza y miedo a las autoridades, pues la incertidumbre hacia las instituciones mexicanas cada vez es más elevada; (c) no existe un control migratorio efectivo en entradas y salidas por parte de México en los diferentes cruces como aeropuertos, puertos marítimos y fronteras físicas (Arias, 2017). Por otro lado, la Red de la Organizaciones Defensoras de los Migrantes (REDODEM), señala que en México las violaciones a derechos humanos están relacionadas con los derechos a un trato digno, el derecho a la seguridad jurídica, el debido proceso, a la no discriminación, el derecho a la protección a la unidad familiar, entre otros. En Estados de la República Mexicana como lo son: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Coahuila, desde el 2008 se han instalado fiscalías especializadas para atender los delitos contra migrantes.

Atendiendo a los datos desarrollados, es necesario materializar el discurso político sobre el tema de la migración, debido a que simplemente todo ha quedado en líneas de acuerdos nacionales e internacionales, pues no obstante a la existencia de dichos acuerdos, la realidad es otra; aún siguen existiendo diferentes limitantes por las cuales no es posible lograr que los derechos humanos de las y los migrantes sean respetados integralmente.

Ante ello, si bien se puede destacar que México tiene dificultades y problemáticas de migración en la frontera norte, en la frontera sur existen muchas otras violaciones a los derechos humanos de quienes buscan un plan de vida distinto en un país que no es el de su origen. Ellas y ellos han tenido que lidiar con violencia y discriminación generada por parte del Estado mexicano.

Las autoridades migratorias en México así como las instituciones, deben generar certidumbre jurídica e impulsar regulaciones migratorias eficaces, se debe trabajar para promover las buenas prácticas en los derechos de los migrantes y mejorar el acceso a las fronteras terrestres, en especial en la frontera sur.